Deportar a los indocumentados es muy mal negocio para los estadounidenses

El tema de los inmigrantes indocumentados ha estado presente en cada uno de los 19 debates de los aspirantes republicanos a la Casa Blanca, y hasta fue mencionado en el discurso anual del presidente la semana pasada.

Cada vez que hay elecciones el asunto sale a flote, y vuelve a desaparecer una vez que los votos están en las urnas. El tema es muy complicado porque las razones prácticas para abrir un camino hacia la legalización se mezclan con impulsos nacionalistas y la ignorancia. Lo entiendo, las economías más fuertes de América Latina tienen un problema similar con los indocumentados de los países más pobres y es naturaleza humana culpar a los que son diferentes de nuestros problemas.

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Sin embargo, me sorprende que ningún político tenga la valentía de explicar al estadounidense promedio que los inmigrantes representan un gran valor económico para el país y que deportarlos es prácticamente imposible.

Por ejemplo, un estudio independiente reveló que deportar a un indocumentado le costaría al Estado la cifra es más cercana a los 25.000 dólares, tomando en cuenta todo el proceso, desde que se detiene al inmigrante indocumentado.

En pocas palabras, si el gobierno decidiera de repente iniciar un proceso de deportaciones masivas, durante los próximos cinco años, tendría que gastar 285.000 millones de dólares, afirma el reporte del Center for American Progress and Rob Paral and Associates. En contraste, el presupuesto de la policía de aduanas e inmigración fue en 2010 de 17.000 millones de dólares. Un incremento de 80% en cinco años.

En contraste, un estudio realizado por la Universidad de California Los Angeles, descubrió que los beneficiarios de la llamada DREAM Act podrían contribuir a la economía estadounidense por 3.600 billones de dólares en los próximos 40 años. Es decir 90,000 millones al año, o 6% del producto interno bruto del país.

Eso sin contar la forma en la que los bajos salarios de los indocumentados permiten a las empresas mantener bajos los costos de ciertos productos, sobretodo los agrícolas. Tampoco lo que se ahorra una familia estadounidense con la contratación de mano de obra barata para labores como la jardinería, el cuidado de los niños o la limpieza de las casas.

Cuando el presidente Obama pidió en su discurso al congreso que aprobara el DREAM Act, que permitiría la ciudadanía para los chicos que llegaron acompañando a sus padres y que aspiran a cursar estudios universitarios, lo presentó como un tema de justicia ciudadana. A mí me parece que quizá tenga un poco más de éxito con la opinión pública en general si explica que esta vez la justicia también tiene beneficios concretos para todos.

Imagen vía Getty Images